MARCO LEGAL DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Ley 13/1982 de integración Social del minusválido (LISMI) , modificada en Ley 62/2003 de 30 de Diciembre, en sus Artículos 37 y 37 bis, establece que:

 

Será finalidad primordial de la política de empleo de trabajadores con discapacidad su integración, en condiciones que garanticen la aplicación del principio de igualdad de trato , en el sistema ordinario de trabajo o, en su defecto, su incorporación al sistema productivo mediante la fórmula especial de trabajo protegido.

 

Se entenderá por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa e indirecta basada en la discapacidad .

 

Para garantizar la plena igualdad en el trabajo, el principio de igualdad de trato no impedirá que se mantengan o adopten medidas específicas destinadas a prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por motivo de discapacidad.

 

Los empresarios están obligados a adoptar las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad de la empresa , en función de las necesidades de cada situación concreta , con el fin de permitir a las personas con discapacidad acceder al empleo, desempeñar su trabajo, progresar profesionalmente y acceder a la formación, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario.

 

Para determinar si una carga es excesiva se tendrá en cuenta si es paliada en grado suficiente mediante las medidas, ayudas o subvenciones públicas para personas con discapacidad, así como los costes financieros y de otro tipo que las medidas impliquen y el tamaño y el volumen de negocios total de la organización o empresa.